En el mundo hay 3,1 millones de personas detenidas por delitos relacionados con drogas y, en 2023, más del 40% de las ejecuciones conocidas en el mundo fueron por delitos de drogas.

Una reevaluación de los 100 000 millones de dólares gastados en la fiscalización de drogas: del castigo a la salud pública.

Jueves 5 de diciembre de 2024 (Ginebra, Suiza) – La Comisión Global de Política de Drogas (GCDP) hizo hoy un llamamiento para reevaluar la respuesta global ante las drogas en su más reciente informe, titulado Más allá del castigo: de las respuestas de la justicia penal a la reforma de la política de drogas, habida cuenta del aumento de las muertes por sobredosis de drogas, el incremento de la violencia, el suministro de drogas tóxicas y la sobrecarga de los sistemas de justicia penal.

En 2022, se calcula que 292 millones de personas consumían sustancias ilícitas en todo el mundo, lo que supone un aumento con respecto a la cifra de 185 millones de hace dos décadas. El cannabis, que sigue siendo la droga consumida más comúnmente, entraña menos riesgos para la salud que las bebidas alcohólicas o el tabaco, pero las políticas prohibicionistas siguen penalizando a millones de personas. La prohibición de las drogas ha fracasado reiteradamente a la hora de lograr sus objetivos declarados de reducir el consumo de drogas y la magnitud del narcotráfico. Ese fracaso no es sorprendente: el ser humano utiliza este tipo de sustancias desde tiempos inmemoriales, lo que pone de relieve que se necesita una respuesta diferente.

Las políticas punitivas en materia de drogas han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos, como la aplicación de la pena de muerte y la detención arbitraria, al tiempo que han empeorado la salud pública y enriquecido los mercados ilegales. A pesar de estas limitaciones, la detención sigue siendo una de las respuestas predominantes a nivel mundial frente a los delitos relacionados con drogas.

“La ‘guerra contra las drogas’ ha provocado un aumento vertiginoso de las tasas de encarcelamiento, un incremento de las muertes por sobredosis y continuas violaciones de los derechos humanos. Es hora de un cambio mundial hacia políticas de drogas que respeten la salud pública y los derechos humanos”, afirmó Helen Clark, Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas y ex Primera Ministra de Nueva Zelanda. “Este informe presenta pruebas claras de que el enfoque de reducción de daños en el consumo de drogas funciona y que es una necesidad de salud pública, no una postura moral”.

El informe se publica poco antes de que se produzcan importantes avances en la política de drogas, como la apertura oficial del primer centro de prevención de sobredosis en Glasgow (Escocia) y la publicación de la Carta Escocesa de Derechos de Personas Afectadas por el Consumo de Sustancias el 11 de diciembre. Estas iniciativas representan un enfoque con visión de futuro sobre las políticas de drogas, más centrado en la protección que en el castigo.

En contraste, la provincia de Ontario (Canadá) está tomando el rumbo opuesto al proponer legislación para cerrar la mitad de los centros de prevención de sobredosis, lo que podría revertir años de progreso en la reducción de daños. Se calcula que los gobiernos gastan 100 000 millones de dólares al año en políticas de drogas punitivas, ineficaces y perjudiciales, que penalizan a las personas en lugar de tratar las causas profundas del consumo de drogas. Estas políticas marginan aún más a las personas y dificultan su acceso a los servicios de apoyo necesarios. El informe subraya la urgente necesidad de salvaguardar las iniciativas de reducción de daños en medio de un panorama político y legislativo cambiante.

Louise Arbour, ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, subrayó: “Ahora que la administración de los Estados Unidos inicia un nuevo mandato, deben reforzarse las medidas de reducción de daños para hacer frente a la crisis de los opioides. Canadá no debe retroceder, sino reafirmar su compromiso con las políticas de reducción de daños, que han sido fundamentales para reducir las muertes por sobredosis y apoyar a las comunidades marginadas”. Los reveses sufridos en Ontario y Columbia Británica, junto con las incertidumbres en los EE. UU., ponen de relieve los retos que plantea el mantenimiento de políticas de drogas progresivas y basadas en pruebas.

América Latina sigue enfrentando las nefastas consecuencias de las leyes punitivas sobre drogas. Sin embargo, países como Uruguay y Colombia han liderado la despenalización y la reducción de daños. Diego García-Sayán, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Perú y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, destacó las enseñanzas que el mundo ofrece a la región, al afirmar: “Países como Portugal y España han demostrado que la despenalización y las estrategias de reducción de daños pueden reducir significativamente el VIH, la hepatitis C y las muertes por sobredosis. América Latina debe actuar ahora con valentía”.

En 2011, cuando la Comisión Global de Política de Drogas propuso por primera vez la regulación legal de las drogas para el consumo por adultos con fines no médicos, en ninguna jurisdicción se había dado aún ese paso. En la actualidad, 24 estados de los Estados Unidos y Washington D.C., y países como Uruguay, Canadá, Tailandia, Malta, Luxemburgo y Alemania han legalizado el cannabis y han regulado su producción, venta y consumo. Otras jurisdicciones han despenalizado el consumo y la posesión de cannabis a nivel individual, así como su cultivo en pequeñas cantidades.

El informe aboga por reformas basadas en la equidad y enfatiza la importancia de la regulación para gestionar los mercados no regulados. Aunque se han logrado algunos avances, las reformas aún son fragmentarias y siguen arraigadas en enfoques punitivos. La prohibición de las drogas perjudica de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, ya que las fuerzas del orden centran su acción en las zonas desfavorecidas y en las minorías raciales. Las leyes predominantes sirven a menudo como herramientas de control social.

La despenalización y la regulación mejoran los resultados sanitarios y sociales sin aumentar el consumo de drogas. Se calcula que, en 2024, 39 países habrán despenalizado el consumo de drogas, con notables mejoras en la salud de las personas que las consumen. Sin embargo, persiste el estigma sobre el consumo público de drogas, lo que alimenta la reacción contra las reformas —sobre todo en lo que se refiere a las personas sin hogar—, mientras que el consumo público de sustancias legales como el alcohol y el tabaco está ampliamente aceptado.

“Asia debe priorizar la reducción de daños y adoptar los principios de la despenalización para evitar más daños a las personas que consumen drogas”, afirmó Anand Grover, coautor del informe, ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas. El informe condena el uso generalizado de centros de tratamiento obligatorio de drogodependencias, que a menudo violan derechos humanos fundamentales, así como el alarmante aumento del uso de la pena de muerte y de castigos corporales por delitos de drogas. Estas prácticas afectan de forma desproporcionada a los grupos marginados, incluidos los inmigrantes y los extranjeros, lo que exige un cambio hacia políticas que se basen en pruebas y respeten los derechos en Asia.

Las principales conclusiones del informe son las siguientes:

• En las dos últimas décadas se han producido más de un millón de muertes relacionadas con sobredosis en los Estados Unidos, y más de 40 000 en Canadá en los últimos ocho años. Estas muertes, junto con el creciente número de infecciones por virus de transmisión sanguínea en muchas regiones del mundo, demuestran los fracasos directos de las políticas actuales, que dan prioridad al castigo sobre la salud y la reducción de daños.
• En 2020, aproximadamente 3,1 millones de personas fueron detenidas en todo el mundo por delitos relacionados con drogas, principalmente por posesión simple. En 2023, alrededor de 11,5 millones de personas estaban encarceladas en todo el mundo, y el 20% de la población reclusa lo estaba por delitos de drogas, lo que pone de relieve el celo excesivo en la penalización de delitos de bajo nivel.
• En 2022, la financiación para la reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios cubrió solo el 6% de las necesidades estimadas.

Helen Clark añadió: “Debemos reorientar los fondos del actual paradigma de aplicación de la ley hacia programas de reducción de daños que salven vidas, mejoren la salud pública y reduzcan la carga de los sistemas judiciales”.

Recomendaciones

En el informe se hace un llamamiento a la reforma urgente de la política mundial de drogas, centrada en la salud, los derechos humanos y la equidad social, y se aboga por la despenalización del consumo de drogas y la ampliación de las estrategias de reducción de daños.

Entre las principales recomendaciones figuran: instar a la ONU a que promueva leyes que protejan la salud y hagan valer los derechos humanos de las personas que consumen drogas; hacer operativas diversas medidas de reducción de daños, como la terapia con agonistas de opioides (OAT), los programas de intercambio de agujas y jeringuillas (NSP), la naloxona, la comprobación de sustancias y los centros de prevención de sobredosis con el fin de salvar vidas y mejorar la salud pública; exhortar a los gobiernos a que despenalicen por completo el consumo, la posesión, el cultivo y la adquisición de drogas, así como la posesión de parafernalia de drogas, al tiempo que exploran modelos de suministro más seguros y ofrecen opciones reguladas y más seguras para reducir las muertes por sobredosis.