(Ginebra, Suiza – 05/12/2024)

La Comisión Global de Política de Drogas (GCDP) publica hoy su más reciente informe, titulado Más allá del castigo: de las respuestas de la justicia penal a la reforma de la política de drogas, en el que se exponen las devastadoras consecuencias de las políticas punitivas en materia de drogas y se aboga por una reforma inmediata. El informe pone de relieve cómo los anticuados marcos de fiscalización de drogas perpetúan el encarcelamiento masivo y las violaciones de los derechos humanos y perjudican desproporcionadamente a las comunidades marginadas.

Durante décadas, las políticas punitivas en materia de drogas han contribuido al aumento de las tasas mundiales de encarcelamiento. En 2022, siete millones de personas fueron consideradas sospechosas o fueron detenidas o amonestadas por delitos relacionados con drogas. Hay aproximadamente 11,5 millones de personas encarceladas en todo el mundo y el 20% de esa población penitenciaria a nivel mundial está en prisión por delitos relacionados con drogas. De ellas, casi medio millón están encarceladas únicamente por posesión para uso personal.Esta situación afecta de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y las minorías étnicas. Por ejemplo, los pueblos indígenas de Canadá tienen seis veces más probabilidades de ser detenidos por posesión de cannabis que los de ascendencia europea, mientras que los estadounidenses negros enfrentan tasas de detención por posesión de drogas cinco veces superiores a las de los estadounidenses blancos.

Los efectos de la prohibición también son destructivos fuera de los muros de las cárceles. En los Estados Unidos se han producido más de un millón de muertes relacionadas con sobredosis en las dos últimas décadas, y Canadá ha perdido más de 40 000 vidas por sobredosis en solo ocho años. Las políticas punitivas en materia de drogas agravan crisis como la del suministro de drogas tóxicas, la dependencia no tratada y el número de muertes evitables y de infecciones de transmisión sanguínea.

El informe demuestra que hay alternativas. Las medidas de reducción de daños basadas en pruebas, como la creación de centros de prevención de sobredosis (OPC), los programas de intercambio de agujas y jeringuillas (NSP) y las terapias con agonistas de opioides (OAT), han demostrado su eficacia para salvar vidas y mejorar los resultados sanitarios. Por ejemplo, los OPC han reducido las muertes por sobredosis en un 35% en sus localidades y mantienen en todo el mundo un historial de cero sobredosis mortales in situ. A pesar de estos buenos resultados, la financiación para la reducción de daños en los países de ingresos bajos y medios sigue siendo demasiado baja, pues se estima en un 6% de lo necesario.

Las iniciativas de reforma están ganando terreno en todo el mundo. Las experiencias de países como Portugal, España y Uruguay demuestran que la despenalización y la reducción de daños mejoran los resultados sanitarios y sociales. Sin embargo, los avances son desiguales. La propuesta de Ontario de cerrar la mitad de sus OPC amenaza con deshacer años de avances, mientras que algunos países siguen imponiendo la pena de muerte y/o la prisión obligatoria por delitos de drogas.

El informe subraya que las soluciones pasan por reformas basadas en pruebas y centradas en los derechos humanos. Los gobiernos deben ir más allá del castigo e invertir en políticas quen den prioridad a la salud, la dignidad y la equidad. Entre las principales recomendaciones del informe figuran las siguientes:

• Despenalizar el consumo, la posesión y el cultivo de drogas.
• Ampliar los servicios de reducción de daños, como la distribución de naloxona, los programas de suministro seguro y el control de drogas.
• Reorientar los recursos dedicados a las fuerzas del orden hacia la asistencia sanitaria y social.
• Establecer mercados de drogas regulados que incorporen principios de equidad y desmantelen el comercio ilegal.

“La guerra contra las drogas ha provocado un aumento vertiginoso de las tasas de encarcelamiento, un incremento de las muertes por sobredosis y continuas violaciones de los derechos humanos. Es hora de un cambio mundial hacia políticas de drogas que respeten la salud pública y los derechos humanos”, afirmó Helen Clark, Presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas y ex Primera Ministra de Nueva Zelanda. “Este informe presenta pruebas claras de que la reducción de daños funciona y que es una necesidad de salud pública, no una postura moral”.

El informe es a la vez un llamamiento a la acción y una guía para el futuro, ya que ofrece vías claras hacia políticas que salven vidas y promuevan la justicia. La Comisión Global mantiene su firme compromiso de avanzar en estas reformas, luchando por un mundo en el que las políticas de drogas sean herramientas que contribuyan a la salud, la seguridad y la dignidad, y no a la opresión.